TC, la legítima paradoja entre la barra y el sello.

Tan solo oír el nombre del Tribunal de Cuentas provoca escalofríos, como diría aquel famoso político ausente de la escena política actual. El Tribunal de Cuentas se ha convertido, en cierto modo, en una especie de santuario de la inversión pública, un guardián del euro que impide a los funcionarios gubernamentales y a las autoridades locales celebrar cualquier logro. Si esto está justificado o no, ya veremos.

La suprema integridad del Tribunal de Cuentas no está, nunca ha estado ni podrá estar en entredicho; honor a él, y mucho ha impedido la opacidad en las inversiones por parte del Estado y sus instituciones. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar una aparente doble moral, probablemente causada por la reiterada falta de inversión tan común en el sistema judicial de nuestro país.

El Tribunal de Cuentas, con mérito, legitimidad y (casi siempre) imparcialidad, ha servido de obstáculo para la ejecución presupuestaria, hasta el punto de que el legislador, mediante la Ley N° 43/2024, ha alterado significativamente el papel del Tribunal de Cuentas en la supervisión de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia, creando un régimen de «facilitación» y reduciendo su poder suspensivo.

Resulta casi obsceno que, en lugar de intentar solucionar los problemas de raíz, en este caso mediante la desburocratización contractual, junto con una valiente reforma del sistema judicial mediante la contratación de nuevos magistrados (entre otras cosas), se altere el régimen de solicitud de visados ​​basándose en meras circunstancias circunstanciales, lo que, en mi opinión, distorsiona la propia naturaleza del Tribunal.

El problema es que ya ni siquiera intentamos disimular nuestro deseo de llevar a cabo la tan ansiada reforma judicial mesiánica, a cambio de soluciones simples e improvisadas que casi inevitablemente acabarán en las portadas de los periódicos, en los titulares, donde se leerá sobre la falta de transparencia y la posible comisión de delitos o ilegalidades en los contratos.

Por otra parte, organismos como las autoridades locales ya han renunciado a abrir licitaciones, sabiendo que existe el riesgo de que estas se estanquen, lo cual, como bien sabe el lector, es impensable para los políticos de hoy, que prefieren la mediocridad de las obras construidas hoy e inauguradas mañana; que viven de la apariencia de trabajo realizado y no del trabajo (sustantivo) realmente realizado y, por otro lado, prefieren los nombramientos directos y sencillos.

Además, el informe anual sobre contratación pública señala un aumento en el número de adjudicaciones directas: en 2024, el incremento fue del 18 %. El uso masivo de adjudicaciones directas está creciendo exponencialmente, lo que aumenta el riesgo de amiguismo y falta de transparencia contractual (véase el informe 28/2023 del Tribunal de Cuentas Europeo; Informe anual sobre contratación pública 2024).

Lamentablemente, los tentáculos del Tribunal de Cuentas no pueden supervisar estos casos, a pesar de las facultades legalmente previstas por la LOPTC (Ley de Organización y Procedimiento del Tribunal de Cuentas).

Por lo tanto, urge modificar los requisitos para la revisión previa, estableciendo un límite, tanto en importe como en número de ajustes directos, que una entidad pública puede realizar. El objetivo es que los ajustes directos sean la excepción, no la regla.

El paradigma es precisamente el siguiente: el Tribunal de Cuentas (debido a su incapacidad tanto material como jurídica) sigue centrado en el jefe del Estado, en los miles de millones de euros, objeto de gran atención mediática, que son objeto de escrutinio por parte de políticos y la propia ciudadanía, fuera de su jurisdicción. Con frecuencia, obstaculiza inversiones muy necesarias y no logra prevenir, ni siquiera supervisar, las inversiones realizadas por entidades públicas más pequeñas, donde la propensión a las irregularidades es, lógicamente, mayor.

El Tribunal de Cuentas, que tanto ha contribuido a eliminar la ilegalidad y aumentar la transparencia en la asignación de nuestros fondos públicos, necesita más. En realidad, el Ministerio de Justicia debe volver a centrarse en el Presupuesto del Estado: cuando la parálisis se convierte en la norma y no en la excepción, y cuando la excepción de la contratación directa se vuelve gradualmente la regla, el país pierde. El Tribunal de Cuentas protege los fondos públicos, pero todo el sistema que lo rodea necesita ser rediseñado; de lo contrario, la inversión extranjera seguirá huyendo.