La justicia española amplía la batalla legal por la eutanasia entre padre e hija

España es uno de los pocos países que legaliza la eutanasia gracias a una ley de 2021 que impone requisitos estrictos.

Establece que cualquier persona en pleno uso de sus facultades mentales que padezca una "enfermedad grave e incurable" o una condición "crónica e incapacitante" puede solicitar asistencia para morir.

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La mujer, de unos 20 años, debía someterse al procedimiento en agosto de 2024 después de que la junta de eutanasia de la región noreste de Cataluña apoyara su solicitud.

Pero el proceso se suspendió en el último minuto después de que su padre presentara una objeción legal con el apoyo del grupo de campaña conservador Abogados Cristianos.

El padre dijo que su hija sufría de trastornos mentales que "podrían afectar su capacidad de tomar una decisión libre y consciente", como lo exige la ley.

Dijo también que había indicios de que había cambiado de opinión y que su dolencia no implicaba "un sufrimiento físico o psicológico insoportable".

En una sentencia hecha pública el viernes, un tribunal de Barcelona refrendó una decisión anterior de marzo de que la mujer cumplía las condiciones para la eutanasia, citando "informes médicos que respaldan al unísono" esa conclusión.

Pero el tribunal también reconoció "el derecho de los padres de una persona que pide poner fin a su vida a impugnar legalmente la decisión".

Abogados Cristianos dijo que llevaría el caso al Tribunal Supremo, publicando en X que ella "es una niña con una enfermedad mental que tiene toda la vida por delante. La eutanasia no es una solución para nadie".

La mujer, que quedó parapléjica tras arrojarse desde el quinto piso de un edificio en un intento de suicidio en 2022, pidió a un tribunal en abril del año pasado que le permitiera ejercer su derecho a morir.

Su caso fue el primero en España que llega a un tribunal para que un juez decida desde que se aprobó la ley de eutanasia de 2021.

Esto ocurre mientras la vecina Francia está debatiendo un proyecto de ley sobre muerte asistida que podría garantizar a los pacientes asistencia médica para poner fin a sus vidas en circunstancias claramente definidas.