El gobierno endurece las penas por agresiones a personal médico y servicios de emergencia. Pueden llegar a ser hasta cinco años de prisión.

El gobierno ha aprobado un proyecto de enmienda al Código Penal y al Código de Delitos Menores, que introduce penas más severas para los ataques a funcionarios públicos, paramédicos, médicos y bomberos. Estos delitos conllevarán ahora una pena de hasta cinco años de prisión. Esta medida responde a la creciente ola de agresiones contra el personal de primera respuesta y a los trágicos sucesos de los últimos meses.

El martes 19 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Justicia. Según la propuesta, atentar contra la integridad de un funcionario público o de una persona que preste asistencia se castigará con penas de prisión de entre tres meses y cinco años.

Anteriormente, la normativa preveía sanciones más leves: hasta tres años de prisión por atacar a un agente y hasta dos años por violencia contra una persona que ayuda a otros.

El cambio de ley responde a las tragedias de gran repercusión a principios de año. En enero, un paramédico fue asesinado durante una emergencia en Siedlce. En abril, un paciente del Hospital Universitario de Cracovia atacó a un médico con un cuchillo y, a pesar de los intentos de reanimación, el médico falleció.

Estos sucesos conmocionaron a la opinión pública y generaron un debate sobre la seguridad del personal médico y otras personas que arriesgan su vida en el trabajo. El endurecimiento de las sanciones penales envía una clara señal de que el Estado perseguirá y castigará sistemáticamente a los autores de estos ataques, enfatizó el Ministerio de Justicia en su justificación del proyecto de ley.

También anunció la rápida tramitación de nuevas regulaciones.

Los sindicatos y las organizaciones industriales llevan mucho tiempo denunciando la violencia contra los profesionales de la salud. En mayo, se realizó una marcha nacional de profesionales de la salud contra las agresiones a médicos y paramédicos. El Sindicato Nacional de Paramédicos exigió al gobierno reformas legales urgentes que garanticen una mayor seguridad laboral.

El proyecto de enmienda pasará ahora al Sejm. Si se implementan las nuevas regulaciones, Polonia se unirá a los países que están reforzando significativamente la protección de las personas que desempeñan profesiones vitales.