¿Estamos ante el final de los true crime pese a su éxito? "Cada vez son más cercanos y más arriesgados porque la gente puede denunciarlos"

El castillo de naipes que las plataformas, las productoras y las editoriales han ido construyendo en los últimos años en torno altrue crime empieza ahora a tambalearse. El éxito del formato, imparable aún entre la audiencia, se ha ido topando con la Justicia, con la presión social y la reticencia de las empresas a afrontar una crisis de reputación provocada precisamente por esa presión. Y todas ellas, encajadas en un mismo horizonte temporal, han hecho que se abra un nuevo debate de futuro inmediato: ¿este género, según lo hemos conocido hasta ahora, está en vías de extinción? ¿Se está desmoronando el sistema que lo sostiene?

En apenas unos meses, incluso si prefieren en las últimas semanas, el revés que han sufrido varios true crime ha sido notable. El pasado jueves, un juzgado de instrucción de Tarragona suspendió el estreno de la docuserie de Netflix Angi: Crimen y castigo al aceptar las medidas cautelares solicitadas por la protagonista, María Ángeles Molina, acusada del asesinato de su amiga Ana Páez, por mostrar imágenes personales suyas -para las que no tenía su consentimiento- antes de que cometiera el asesinato.

La plataforma de la N roja tiene un juicio abierto con Rosa Peral por una escena de la serie El cuerpo en llamas, en la que se ve a la protagonista cubierta de sangre tras haber matado a su ex pareja mientras su hija la observa desde la distancia, pillándola in fraganti. Un hecho que no se recoge en la sentencia que castigó a la agente de la Guardia Urbana por ese asesinato.

La editorial Anagrama renunció el pasado 16 de abril a publicar El odio, aunque la Justicia amparó su puesta en el mercado, ante la respuesta social que provocó el anuncio del libro de Luisgé Martín en el que José Bretón reconoce por primera vez el asesinato de sus hijos en el año 2011. Hace menos de un año, en junio de 2024, la productora que preparaba una docuserie sobre el asesinato del niño Gabriel Cruz también decidió frenar el proyecto ante la presión social que encabezó la madre, Patricia Ramírez, y que llegó hasta la Comisión de Interior del Senado.

Son esos cuatro hechos, concentrados en un pequeño espacio de tiempo, los que han hecho que en una parte de la industria audiovisual empiece a ser patente la «preocupación», según fuentes consultadas por este diario. «Es evidente que algo se está moviendo y que la persecución a los true crime está hoy más fuerte que hace un par de años», apunta un alto directivo del sector. Y lo complementa un segundo: «No hay que temer a hacer true crime, pero sí que hay que controlar cómo se están haciendo algunos, que yo creo que no están siguiendo algunas reglas básicas que se deberían seguir».

De hecho, recientemente se han estrenado true crime que no solo no se han enfrentado a problemas judiciales sino que han sido un éxito de crítica y público. El caso Asunta, la serie que Bambú Producciones realizó para Netflix, es un ejemplo. Sin embargo, la misma productora fue quien hizo Fariña, de la que tuvo que retirar una escena sexual en la que se veía al narcotraficante Laureano Oubiña con su mujer tras una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, hecha pública en junio de 2024, en la que se recogía que eso suponía dar una «imagen falseada y ridiculizada» suya. El caso está ahora mismo en manos del Tribunal Supremo tras admitir a trámite los recursos que habían presentado la productora, Netflix y Atresmedia.

«Yo creo que el género no caerá, pero lo que se están estableciendo unos límites. Estos productos tienen que ceñirse a la verdad, no ser ofensivos... Tú puedes ficcionar un caso de estos, pero siempre que no sea para atacar a la persona y dejarla en una situación peor», señala la abogada Nuria González, que es quien está llevando precisamente el caso de Rosa Peral. «Habrá cada vez más denuncias cuando haya casos concretos, sí. No se va a denunciar algo que no te guste si lo que cuentas es cierto o por lo menos público. El problema es cuando te metes a inventar, a indagar o a fabular sobre la personalidad de la gente o sobre lo que ha hecho en su vida fuera del hecho en sí», remarca la jurista. En la misma línea se muestra Mabel Klimt, directora de Elzaburu: «El problema no es tanto que el true crime esté en peligro, pero se pone sobre la mesa la necesidad de cambiar la normativa porque las sensibilidades de 1984 no tienen nada que ver con las de hoy en día. Esto se basa en la habilidad del creador para poder jugar con la normativa», concluye la socia del despacho al que llegan «consultas frecuentes» sobre este tipo de cuestiones por parte de familiares.

Tampoco le pone fin al género Iban Díez, abogado de Menta Legal, despacho especializado en el sector audiovisual y en el asesoramiento para este tipo de proyectos. «El género creo que no está en peligro, pero este es uno de los límites que nosotros siempre hemos establecido. Tú tienes que saber hasta dónde puedes contar, y eso está establecido por los límites en los derechos fundamentales que tiene un individuo. Tú no puedes ahondar en hechos que son privados y que no han salido a la luz pública en el proceso judicial». Precisamente ese es el punto por el que el juzgado de instrucción de Tarragona ha aceptado la paralización de la serie documental Angi: Crimen y castigo. Aunque el juez no ha entrado a valorar el fondo del asunto cuando se aplican las medidas cautelares, es porque el magistrado ha visto argumentos posibles para que la sentencia pueda ser favorable a quien denuncia. «Ya hay bastante jurisprudencia sobre el tema de la privacidad o intimidad y, cuando hacemos el análisis del true crime, este es un punto fundamental», apunta el jurista.

De hecho, ese mismo derecho a la intimidad ya cuenta con jurisprudencia muy anterior a la proliferación de los true crime. En la década de los 80, la muerte de Paquirri dejó un caso paradigmático para nuestro país. Las cámaras de televisión grabaron su cogida en la plaza de toros de Pozoblanco (Córdoba) y le siguieron hasta la enfermería, donde también se grabaron los trabajos de los sanitarios hasta la muerte del torero. Esas imágenes fueron a posteriori comercializadas en otros medios de comunicación. El caso acabó llegando hasta el Tribunal Constitucional, que concluyó que en ningún caso las imágenes de la cogida mortal y de la enfermería podrían haberse considerado como parte de la vida pública del torero y, por tanto, que estaban dentro del derecho a la intimidad de la familia del mismo. En este caso, al de su viuda, Isabel Pantoja.

«Si hacemos un paralelismo, ¿cuál es la diferencia que hay entre ese caso y los actuales de los true crime? Yo diría que ninguno», asegura la abogada Marisa Herrero-Tejedor, del despacho Averum. «Yo diría que ahora mismo el negocio de los true crime se encuentra en peligro porque tras dos o tres años de bum, la gente se ha dado cuenta de que puede denunciar este tipo de cuestiones», agrega la jurista, quien pone el foco sobre todo en el «entorno» de los protagonistas de esos true crime. Es decir, los familiares de los condenados o los círculos de confianza de los mismos que aparezcan en este tipo de proyectos. «A la sociedad nos encanta conocer los detalles de esos casos, especialmente cuando hay un asesinato, pero desde una perspectiva jurídica ese derecho a la intimidad les pertenece a los protagonistas. Porque todos sepamos que alguien ha cometio un crimen no tenemos por qué conocer al entorno de esa persona», asegura Herrero-Tejedor.

Ese hecho se produce también porque todos estos son casos que se acercan mucho al tiempo presente. El asesinato de la amiga de Angi se produjo en 2008; el asesinato de los hijos de José Bretón, José y Ruth, en 2011; el crimen de la Guardia Urbana, el que implica a Rosa Peral, fue en 2017; y el de Gabriel Cruz, en 2019. «Se están contando historias cada vez más cercanas en el tiempo y esas son aún más arriesgadas», arranca Ibán Diez. Y sigue: «Porque estos derechos tienen muchísima más intensidad en la actualidad. Si estás contando hechos muy pasados, los derechos a la privacidad y a la intimidad se diluyen en el tiempo. Ahora estamos hablando de personas activas, que pueden presentar una demanda». Y eso se está produciendo porque el ritmo de creación de los true crimes es tan rápido que los casos empiezan a escasear, mientras que su interés es tan creciente que a medida que se van sucediendo los hechos se va creando el producto. El caso de Daniel Sancho saltó a la luz el pasado verano y hace ya meses que Max cuenta en su catálogo con una docuserie sobre el mismo.

«En España falta una legislación que sea clara a este respecto, pero ahora mismo el sentir social es más sensible que hace años y se tiende a priorizar más la protección de las víctimas, al menos desde las instituciones», apunta un abogado que prefiere no revelar su identidad por «la complejidad» de los casos. «Y eso es demoledor para los true crime porque se está empezando a sentar una jurisprudencia que podrá frenar muchos de esos proyectos», concluye.