Ley PMI: Llega un sello de garantía para la moda

Un paquete de enmiendas al proyecto de ley anual para pymes, actualmente en trámite en la Comisión de Industria del Senado, introduce nuevas disposiciones para las empresas de moda y la concesión de visados a directivos extranjeros. Estas propuestas, propuestas por el partido Hermanos de Italia (firmadas por los senadores Amidei y Ancorotti), se ajustan a las iniciativas anunciadas en los últimos meses por el Ministerio de Empresa y Made in Italy (MIMIT).
Para la cadena de suministro de moda, se está introduciendo una certificación única de conformidad, con un sistema de normas y controles para proteger la imagen del producto y la solvencia de las empresas del sector. Esto servirá como garantía de la calidad del producto y la integridad de las operaciones, incluyendo la de los trabajadores. Una vez cumplidos los diversos requisitos, las empresas de la cadena de suministro y las empresas líderes podrán utilizar el término "Cadena de Suministro de Moda Certificada" durante un período anual. Se establecerán certificadores y un registro MIMIT de empresas certificadas, lo que establecerá una especie de presunción de legalidad. Estas empresas podrán adoptar las medidas correctivas que determine el tribunal competente, y solo en caso de incumplimiento se aplicarán las medidas establecidas en el Código Antimafia.
Otro paquete de enmiendas se refiere al programa "Destino Italia", que el director del MIMIT, Adolfo Urso, debatió en los últimos meses para atraer recursos humanos cualificados del extranjero. La propuesta de FdI prevé que los trabajadores extranjeros que ocupen determinados cargos (presidente, miembro del consejo de administración o director general de una sociedad anónima o comanditaria con un capital social superior a 1 millón de euros, ya sea italiana o extranjera, pero con sede operativa en Italia) puedan beneficiarse de un visado de trabajo autónomo sin estar sujetos a cuotas ni plazos.
Al mismo tiempo, sin embargo, al menos en primera lectura, la enmienda parecería limitar el alcance del actual visado especial para inversores extranjeros, refiriéndose a inversiones que ya deben haberse realizado en los seis meses anteriores a la solicitud de autorización o, en el caso de intenciones de inversión, solo a transacciones con un valor superior a 25 millones de euros y con importantes implicaciones laborales.
Otra enmienda propone ampliar el número de municipios en los que los pensionistas extranjeros que trasladan su residencia a Italia pueden beneficiarse de ventajas fiscales. Podrán optar a ellas los municipios con una población de hasta 60.000 habitantes, dentro de las categorías definidas en el Decreto Presidencial 917/1986, mientras que el límite actual es de 20.000. La ventaja consiste en someter las rentas obtenidas en el extranjero a un impuesto sustitutivo a tanto alzado del 7%.
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