‘Nos preocupa que se afecte el derecho fundamental a la salud de los colombianos con la crisis que el Gobierno ha provocado’: Abogado de Keralty

La intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud ha abierto un pulso jurídico y político que hoy enfrenta al Gobierno con el Grupo Keralty, su principal accionista. La Corte Constitucional ya falló en favor de la compañía, pero la devolución de la administración de la EPS aún no se ha concretado, lo que ha llevado a la empresa a solicitar a la Corte que haga cumplir su propia decisión.

Desde la perspectiva de Keralty, lo ocurrido constituye un incumplimiento abierto de la sentencia constitucional. Según la compañía, la Supersalud ha buscado dilatar la entrega de la EPS mediante recursos y solicitudes que, en derecho, no suspenden la orden judicial. Esta situación, afirma la empresa, configura comportamientos ilegales que atentan contra la seguridad jurídica.

El abogado de Keralty, Juan David Riveros, asegura que el trasfondo del conflicto obedece a una visión radicalmente distinta del sistema de salud. Mientras el Gobierno insiste en transformarlo a través de la reforma de la salud que no han logrado aprobar, Keralty sostiene que el modelo vigente, aunque perfectible, ha dado resultados y debe mejorarse sobre lo construido. Esa diferencia, explica, se ha traducido en un trato discriminatorio hacia la organización.

En medio de este choque, el principal temor de Keralty es que los colombianos terminen siendo los más perjudicados. La crisis derivada de la intervención, sostiene Riveros, ya está impactando la prestación de servicios de salud y amenaza con deteriorar un derecho fundamental. “El sistema como tal se ha deteriorado de manera grave y eso se traduce en la falta de prestación oportuna de servicios”, advierte el abogado.

En el fallo de tutela que obtuvimos, la Corte dijo expresamente que para el cumplimiento de la decisión conservaría la competencia. Han pasado mucho más de las 48 horas que la ley prevé normalmente para cumplir los fallos y la Superintendencia Nacional de Salud, que es la entidad llamada a hacerlo, no lo ha cumplido. Por eso le pedimos a la Corte que haga cumplir su fallo. Hasta el momento la Corte no se ha pronunciado, pero debe hacerlo en los próximos días. Lo que esperamos es que sea muy contundente en la forma como debe cumplirse la decisión, que en nuestra opinión debió ejecutarse hace ya mucho rato.

Eso realmente no es verdad. Es otro comportamiento ilegal por parte de la Superintendencia, porque lo que ellos hicieron fue una solicitud de aclaraciones y plantear un incidente de nulidad de la sentencia. La ley dice expresamente que eso no interrumpe el cumplimiento del fallo, porque aquí lo que se protege es un derecho fundamental que ya fue reconocido por la Corte. Ni la solicitud de aclaraciones ni el incidente suspenden la sentencia. Que el Gobierno o la Superintendencia tengan una visión diferente no la convierte en legal. Además, enviamos una comunicación formal promoviendo el cumplimiento del fallo y hasta hoy no ha sido respondida.

El fallo de la Corte es tremendamente claro y reconoce un comportamiento abiertamente ilegal desde el primer momento de la intervención y, por supuesto, en su prórroga. Muchas veces hemos visto que las entidades del Gobierno cumplen los fallos cuando les dan la razón y buscan cualquier excusa para no cumplirlos cuando no se las dan. Este es un claro ejemplo de lo segundo. La Superintendencia está acudiendo a excusas y disculpas ilegales para no cumplir la decisión de la Corte Constitucional. Por eso, desde la dirección del Grupo Keralty, hemos dado la instrucción de iniciar todas las acciones judiciales contra las personas que desarrollen comportamientos por fuera de la ley, en perjuicio de un derecho fundamental que la Corte ya reconoció.

Comparto la visión de que ha habido un trato discriminatorio. No tengo una explicación probada, pero sí una hipótesis: el Gobierno nacional, desde el inicio de su gestión, tiene una visión distinta del sistema de salud. Nosotros reconocemos las bondades del sistema actual y sabemos que hay aspectos por mejorar, pero no creemos que sea un sistema malo. En cambio, el Gobierno lo ve como un sistema fallido. Esa diferencia es el punto de partida de la discrepancia y del maltrato al que hemos sido sometidos. Lo más grave es que esto ha deteriorado de manera profunda el sistema y se traduce en falta de prestación oportuna de servicios de salud para la comunidad en general, no solo para los afiliados de EPS Sanitas. Recuperar esa situación en el corto plazo será muy difícil. Y lo que más nos preocupa es que se está afectando el derecho fundamental a la salud de los colombianos con esta crisis que el Gobierno ha provocado con procesos de intervención nefastos.

Nosotros solicitamos el cumplimiento de la sentencia el primero de agosto, porque a partir de esa fecha debía ejecutarse. Hay unos trámites normales y hemos sido respetuosos de los tiempos y procesos, y lo seguiremos siendo. No actuaremos por fuera de la ley ni de los canales institucionales. Creemos que la Corte Constitucional debe pronunciarse muy pronto sobre nuestra solicitud de cumplimiento y sobre las solicitudes infundadas de la Superintendencia. Yo pensaría que en muy pocos días esos pronunciamientos deben ocurrir y, con base en eso, debería ejecutarse el fallo y volver la administración de EPS Sanitas al Grupo que le corresponde.

Todos los procesos siguen en curso. No hay ninguno desestimado. Como es normal, tienen unos trámites y tiempos propios, pero hasta ahora todo marcha dentro de lo esperado. Poco a poco se ha consolidado la evidencia de la ilegalidad de la intervención de abril del año pasado. Esos procesos seguirán su curso y seguiremos haciendo presencia institucionalmente en todas esas actuaciones. Esperamos que, como ocurrió con el fallo de la Corte Constitucional, las decisiones nos den la razón, porque estamos convencidos de tenerla, no solo en lo jurídico sino también en nuestra visión de cómo debe perfeccionarse el sistema de salud.

Periodista de Medioambiente y Salud