Islas del Pacífico marcan el camino legal contra el cambio climático

Aunque la Corte Internacional de Justicia (CIJ) cumplió 80 años este año, da la sensación de que nunca se ha sentido más joven. En un duelo de David contra Goliat, el pequeño estado insular del Pacífico, Vanuatu, cambió recientemente el derecho internacional para siempre al llevar el asunto más importante del mundo ante su máximo tribunal.

El resultado es una opinión consultiva de la CIJ sobre “las obligaciones jurídicas de los Estados con respecto al cambio climático”, según lo solicitado —a instancias de Vanuatu— por la Asamblea General de las Naciones Unidas (con 132 Estados copatrocinando la resolución).

Las preguntas planteadas a la CIJ fueron tan simples como trascendentales: ¿Qué obligaciones, en virtud del derecho internacional, tienen los Estados para abordar el cambio climático? ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas si no lo hacen?

La respuesta de la CIJ fue inequívoca. Los Estados tienen el deber de proteger a sus ciudadanos del cambio climático, un deber arraigado no solo en tratados como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, sino también en el derecho ambiental, el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario. “El cambio climático”, declaró el presidente de la corte, Yuji Iwasawa, desde el Palacio de la Paz en La Haya, “es una amenaza urgente y existencial de proporciones planetarias. La ciencia es clara”, señala John Silk, representante de las Islas Marshall ante la ONU, “y ahora la ley también lo es”.

El hecho de que este audaz mensaje fuera emitido por unanimidad por el máximo tribunal del sistema internacional habría sido ya bastante extraordinario. Pero el camino que condujo a este resultado es aún más notable.

El caso climático más significativo jamás escuchado por la CIJ no comenzó en un ministerio ni en un grupo de expertos, sino en un aula. Fue concebido por un grupo de 27 estudiantes de derecho de las Islas del Pacífico que formaron la organización Estudiantes de las Islas del Pacífico que Luchan contra el Cambio Climático, liderada inicialmente por Solomon Yeo y luego por Cynthia Houniuhi, ambos de las Islas Salomón, así como Vishal Prasad de Fiyi, Siosiua Veikune de Tonga y otros. Estos no eran diplomáticos experimentados, ni estaban respaldados por multimillonarios. Pero estaban decididos. “Ya sea que ganes o pierdas, algunas batallas valen la pena ser peleadas”, argumentó Justin Rose, exprofesor de la Universidad del Pacífico Sur (en Fiyi), cuyo ejercicio en el aula plantó por primera vez la semilla de esta improbable revolución en 2019.

La sentencia supone una contundente victoria para el movimiento por la justicia climática, que ha cobrado impulso desde que la activista sueca Greta Thunberg realizó su primera protesta en solitario. Ahora, por primera vez, la demanda intergeneracional del movimiento de dignidad y reconocimiento legal cuenta con un sello judicial concreto.

También es un triunfo para el Sur Global. Durante décadas, los países en desarrollo han llamado la atención sobre la injusticia de verse expuestos a las graves consecuencias de un problema que no causaron. Ahora, la CIJ ha reconocido esta asimetría y ha dado el primer paso para corregirla, reivindicando, en particular, a los países más vulnerables a los efectos del cambio climático: los pequeños Estados insulares con costas en desaparición, agua dulce salinizada y ciclones cada vez más intensos. Países tratados durante mucho tiempo como víctimas sin voz se han convertido en protagonistas de una historia jurídica de alcance mundial.

Este no fue el primer intento de llevar justicia climática a La Haya. Palaos y las Islas Marshall hicieron un esfuerzo similar en 2012, pero se estancó por falta de respaldo político.

La diferencia esta vez no solo residió en la persistencia de los isleños del Pacífico, sino también en su estrategia para fomentar la solidaridad. Negándose a seguir el habitual y aburrido guion diplomático, trajeron la calidez del Pacífico Sur al derecho internacional. Houniuhi siempre lucía un rorodara (un tocado ceremonial con conchas marinas) para dirigirse a la ONU, y su grupo convirtió el drama judicial en una ocasión para cantar y bailar. Las audiencias se celebraron como fiestas para ver el caso.

Los isleños del Pacífico también forjaron coaliciones transoceánicas y generacionales, trabajando con el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Vanuatu, Ralph Regenvanu, aliados caribeños y jóvenes activistas de todo el mundo. Con algunos países incluso exigiendo reparaciones económicas, el proceso de la CIJ se convirtió en un movimiento en sí mismo.

El fallo de la CIJ llega en un momento en que otros tribunales internacionales convergen en conclusiones similares. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar acaba de afirmar que los Estados deben frenar la contaminación marina causada por las emisiones de gases de efecto invernadero; la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión sobre las obligaciones climáticas, ha reconocido el derecho a un clima saludable como un derecho humano; y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos está en proceso de pronunciarse sobre el asunto.

La opinión de la CIJ no es jurídicamente vinculante, pero no carece de eficacia. Su autoridad no reside en su aplicación, sino en su amplificación. Constituye un conjunto de normas para tribunales, legisladores y activistas de todo el mundo, y agudiza las herramientas del litigio transnacional. Por lo tanto, se espera que la decisión de la CIJ influya en casos nacionales, como la demanda de Greenpeace contra la petrolera italiana Eni. También podría implicar que los países puedan demandarse mutuamente por el cambio climático.

La evolución de la justicia climática de un eslogan a una norma jurídica, podría ser la señal más importante hasta la fecha de que está surgiendo un sistema jurídico genuinamente global. Con esto no me refiero a un gobierno mundial, sino a un sistema jurídico definido por lo que el teórico jurídico H. L. A. Hart denominó “la unión de normas primarias y secundarias”, reconocida en todas las jurisdicciones. El derecho climático, antes un mosaico de promesas blandas y resoluciones no vinculantes, se está consolidando en algo más cohesivo y sólido.

Lo que les faltaba a los estudiantes de las Islas del Pacífico en dinero e influencia, lo compensaban con convicción. Trabajaron con presupuestos ajustados, se enfrentaron a obstáculos para obtener visas y les dijeron repetidamente que su campaña no prosperaría. Pero perseveraron, demostrando que la innovación legal no tiene por qué provenir de hombres de traje; puede surgir desde los márgenes y, con el tiempo, transformar el derecho internacional.

“Estuvimos allí. Y nos escucharon”, dijo Houniuhi con incredulidad cuando se publicó la opinión, hablando en nombre de las dos comunidades más afectadas por el cambio climático: los isleños del Pacífico y los jóvenes. Los subalternos hablaron, y el tribunal supremo del mundo escuchó. Aunque tenga sus defectos y su lentitud, el derecho internacional aún tiene potencial transformador. Como me dijo Justin Rose: “El derecho internacional es en sí mismo un repositorio de historias”.

La decisión de la CIJ es un recordatorio muy necesario de que los finales felices aún son posibles.

(*) Profesora asociada de Estudios Jurídicos Empíricos en la Universidad de Cambridge, es profesora visitante en la Universidad de Harvard e investigadora principal de una beca del Consejo Europeo de Investigación sobre derecho y cognición