El PSOE permitirá que la iniciativa ciudadana antitaurina para retirar la protección a los toros se pueda tramitar: "Se estaría negando el debate en la casa de la palabra"

La iniciativa para retirar la protección cultural a la tauromaquia ha comenzado su paso en el Congreso de los Diputados. Y, como mínimo, habrá un debate al respecto. Porque el PSOE, el grupo que podía decantar la balanza, ha dado el visto el bueno a la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) que se ha presentado hoy en la Cámara Baja bajo el título No es mi cultura para derogar la Ley 18/2013 que convierte la tauromaquia en Patrimonio Cultural.

"Si hay un grueso suficiente de la población que pide que debatamos sobre un tema en concreto, no es de recibo hacer oídos sordos", ha afirmado el portavoz socialista en la Comisión de Cultura, Marc Lamua, que ha añadido que, por tanto, los socialistas van a dar luz verde para que la ILP pueda comenzar su tramitación. El portavoz del PSOE ha señalado que esta propuesta "atiende a una expresión cultural que se viene dando desde hace siglos" y, por eso, se debe abordar "con un mínimo respeto".

Lamua ha ahondado en que lo que se solicitar es "devolver unas competencias a las comunidades autónomas para que decidan" y que en caso de no aceptar la toma en consideración "se estaría negando el debate en la casa de la palabra". "Si lo negáramos, poco demócratas nos podríamos llamar", ha apuntado el portavoz socialista, que ha agregado que "la democracia no está para conservar inmutable todo lo que fuimos sino para decidir lo que queremos ser". "Negar un debate como este es intentar que nuestra democracia no funcione. La cultura no se conserva en formol, grandes tradiciones históricas hoy en día no están. Y otras se han recuperado".

La decisión del PSOE ha allanado el camino para que la ILP contra la protección de la tauromaquia se pueda tramitar. Porque el partido socialista era la única formación que aún no se había pronunciado con claridad. PP y Vox ya habían anunciado su intención de situarse en contra y Sumar y el resto de socios del Gobierno se habían mostrado favorables.

La proponente de la iniciativa, bajo el nombre No es mi cultura, ha defendido que la propuesta "no representa solamente una demanda ética, sino una propuesta legal, razonable y profundamente democrática". Cristina Ibañez ha remarcado que esta ILP "es totalmente transversal por mucho que pueda politizarse" y también "independiente", aunque desde el primer momento partidos como Sumar la han hecho suya.

"La cultura debe transmitir los valores de la sociedad, incluso cosas negativas, pero no pensamos que pueda servir de excusa para la violencia", ha incidido Ibañez, que ha agregado que "la cultura no se impone, se elige y más aún cuando lo que se impone son prácticas obsoletas, inhumanas, que la mayor parte de la sociedad rechaza frontalmente". Ese rechazo lo ha sustentado en una encuesta de la Fundación BBVA en la que siete de cada 10 preguntados se mostraban contrarios a la tauromaquia.

La proponente ha asegurado que la actual legislación "se pasa por el forro" las competencias que la Constitución entrega a las comunidades autónomas, al no estar capacitadas para vetar esos festejos taurinos. De ahí que la propuesta haya presentado 664.000 firmas validadas por la Junta Electoral Central para derogarla. "Estamos ante una oportunidad democrática única", ha señalado Ibañez, que ha apelado a "la libertad para que las autonomías puedan decidir qué tradiciones les representan". "Esto es libertad, porque cuando no hay democracia cultural, lo que resta no es cultura, es imposición", ha concluido.

Desde el PP, la diputada Sol Cruz Guzmán ha indicado que con esta iniciativa se está atacando a "una cultura común por la que se nos conoce y se nos reconoce" tanto dentro de nuestro país como fuera. "Pretenden reducir la tauromaquia a algo regional y y local, pero la tauromaquia sobrepasa nuestras fronteras", ha ahondado la portavoz popular.

Cruz Guzmán ha cargado, además, contra el PSOE, al que acusa de "ponerse de perfil" durante "dos años" y de permitir a su ministro "censurar la tauromaquia". De hecho, la portavoz popular ha insistido en que desde el Ministerio de Cultural se ha perpetrado un "acto dictatorial" con medidas como eliminar la tauromaquia del Bono Cultural Joven. "Urtasun atacando a la tauromaquia, Pedro Sánchez permitiéndolo y el PSOE cómplice del atropello", ha concluido.

En una postura similar se ha mostrado el diputado de Vox José Ramírez del Río, que ha asegurado que la tauromaquia "es una de las manifestaciones más defendidas de la cultura española", citando la vocación taurina de literatos como Lorca, Machado o Alberti; pintores como Goya o Barceló, y músicos como Camarón o Sabina. De hecho, ha apuntado que esta ILP "es una imposición" y "totalmente antidemocrática".

Desde el año 2013, la tauromaquia cuenta con la condición de patrimonio cultural y las administraciones están obligadas a protegerla desde que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó la Ley 18/2013. El artículo 3 de la norma, el punto central en el que se sustenta esa protección, señala que "en su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución". Ese artículo 46 de la Carta Magna establece que "los poderes públicos deben garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de España, y que la ley penal sancionará los atentados contra dicho patrimonio".

La ley de 2013 también partió de una iniciativa legislativa popular, idéntica a la que ahora inicia su tramitación en el Congreso de los Diputados. Y, al igual que en este caso, el Ejecutivo también era favorable a que se llevara adelante. En este caso, es la parte de Sumar del Gobierno quien ha hecho de su rechazo a la tauromaquia bandera de su gestión. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha mostrado desde el primero momento favorable a que se retirara esa protección a esta disciplina y una de las primeras decisiones que tomó a su llegada al Ministerio fue la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia.

La ley ahora en vilo fijaba una protección hacia los festejos taurinos para evitar que las comunidades autónomas tuvieran la potestad para prohibirlos. Un hecho que venía marcado por la prohibición que había establecido el Parlament de Cataluña en 2010, de nuevo por una ILP que había contado con el voto a favor de los diputados de CiU, ERC e ICV. Pero los tres votos clave llegaron de diputados del PSC, partido que ostentaba el gobierno: Josep Maria Balcells, Antoni Comín y Núria Carreras. El Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta la ley de protección de la tauromaquia, tumbó esa norma autonómica.