ADSE. Las autoridades de competencia vuelven a acusar a empresas privadas de colusión.
En 2022, la Autoridad de Competencia (AdC) había condenado a cinco grupos sanitarios privados (Trofa, Hospital Particular, CUF, Lusíadas y Luz Saúde) y a la asociación que los representa (Associação Portuguesa de Hospitalização Privada) “por una práctica concertada, restrictiva de la competencia, en la contratación de servicios sanitarios hospitalarios por parte del subsistema sanitario público ADSE”. Los grupos fueron entonces condenados a una multa total de 190,9 millones de euros.
Recurrieron ante el Tribunal de Competencia, Regulación y Supervisión (TCRS) contra la multa, pero también contra la decisión interlocutoria del AdC sobre el tratamiento y la clasificación de la confidencialidad relativa a la correspondencia electrónica incautada. Este tribunal de Santarém desestimó este último recurso, pero los demandados recurrieron ante el Tribunal de Apelación, donde finalmente se les dio la razón. Según el AdC, el Tribunal de Apelación de Lisboa concluyó que, «dado que la correspondencia electrónica en cuestión fue incautada por el AdC con la autorización del Ministerio Público (MP), dicha incautación no era válida, ya que, en su opinión, debería haber sido precedida por la autorización de un juez de instrucción penal, ordenando, en consecuencia, que el TCRS declarara la nulidad de dichas pruebas». En consecuencia, el Tribunal de Competencia ordenó la devolución del caso al AdC para que, si así lo deseaba, pudiera proceder a una nueva fase de investigación.
La investigación se reabrió y, el 26 de junio, se presentó una nueva declaración de ilegalidad, es decir, una nueva acusación. Las empresas afectadas se encuentran ahora en la fase de defensa. En esta etapa, aún no se ha determinado el monto de la multa. Si, tras esta fase, la Autoridad de Competencia emite una sentencia condenatoria, esta podrá ser apelada.
La Autoridad de Competencia indica que ha descubierto evidencias de que los grupos privados de salud “acordaron estrategias y posiciones negociadoras en el contexto de las negociaciones con la ADSE, al menos entre 2016 y 2019”, con el objetivo de fijar precios y condiciones comerciales, habiendo, según la acusación, coordinado la suspensión y amenaza de rescisión de los acuerdos de los grupos privados con la ADSE para presionar la regularización de las facturas de 2015 y 2016.
El proceso se originó a partir de denuncias y artículos periodísticos. En el comunicado enviado a las redacciones por la AdC este jueves 3 de julio, no se mencionan los nombres de los grupos, limitándose a indicar que «están involucrados una asociación sectorial y cinco grupos económicos del sector hospitalario privado».
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