Rodrigo Duterte pide a la CPI la libertad provisional

El expresidente filipino Rodrigo Duterte (2016-2022) solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI), alegando su avanzada edad, la libertad provisional mientras espera su juicio por crímenes de lesa humanidad.

La petición fue presentada ante el tribunal el jueves y señala que un país no identificado “ha expresado a la Defensa su acuerdo previo, en principio, para recibir al Sr. Duterte en su territorio durante el período de su liberación provisional”.

La defensa dijo que Duterte no huiría después de ser liberado en el país anfitrión, que está ubicado “mucho más allá del alcance geográfico de los presuntos crímenes”.

Entre las razones esgrimidas por el principal abogado del expresidente, Nicholas Kaufman, para justificar su liberación está su edad, 80 años, que calificó como una “razón humanitaria imperiosa”.

Kaufman agregó que Duterte ya no tiene la misma “influencia o poder” que tenía durante su presidencia, cuando lanzó una guerra contra las drogas, durante la cual pidió pública y repetidamente el asesinato de consumidores y traficantes de drogas.

Esto a pesar de que el 12 de mayo Duterte fue reelegido alcalde de Davao, en Mindanao, en el sur de Filipinas, cargo que ocupaba antes de postularse a la jefatura de Estado.

Las elecciones de mitad de mandato estuvieron marcadas por la disputa entre los candidatos de la vicepresidenta Sara Duterte, hija de Rodrigo Duterte, y su ex aliado, el actual presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.

Los candidatos apoyados por Marcos Jr. para el Senado, la cámara alta del Parlamento filipino, obtuvieron menos escaños de los esperados en las elecciones, lo que llevó al Presidente a exigir, el 22 de mayo, la dimisión de todos los miembros del Gabinete.

Unas 6.000 personas han muerto en operaciones antidrogas y ejecuciones extrajudiciales durante el mandato de Duterte, según cifras de la policía, mientras que organizaciones de la sociedad civil sitúan el número de muertos en más de 30.000.

La CPI acusa al expresidente de asesinato, un crimen contra la humanidad, entre 2011, cuando Filipinas se convirtió en miembro de la corte y Duterte aún era alcalde de Davao, y 2019, cuando el entonces presidente retiró al país asiático del Estatuto de Roma.

El tribunal dictaminó que tenía jurisdicción para examinar presuntos crímenes que ocurrieron mientras el país todavía era miembro de la CPI y por eso ordenó la detención de Duterte en marzo.

Marcos Jr. aprobó la extradición de Duterte a La Haya.

El inicio oficial del juicio está previsto para el 23 de septiembre.