Derecho a la huelga versus obligación de hacer huelga

El derecho de huelga es uno de los pilares fundamentales del Estado democrático de Derecho y está expresamente consagrado en la Constitución de la República Portuguesa. Representa el reconocimiento de la legitimidad de los trabajadores para suspender colectivamente su actividad como forma de presionarlos para obtener mejores condiciones laborales, salarios justos o el cumplimiento de derechos. Es, sin duda, un logro de la civilización. Sin embargo, como todos los derechos fundamentales, no es absoluto y debe ejercerse responsablemente, en equilibrio con los derechos de los demás ciudadanos.

La gran pregunta que se plantea es: ¿hasta qué punto una huelga de un grupo, en nombre de un derecho legítimo, puede dañar gravemente la libertad y los derechos de muchos otros? Cuando el ejercicio de una huelga paraliza servicios públicos esenciales, impide el acceso a la salud, a la educación, la movilidad o el cumplimiento de las obligaciones profesionales, estamos ante un conflicto de libertades. “Mi libertad termina cuando limito la libertad de los demás”, una máxima democrática que a veces parece olvidada en momentos de radicalización.

No es legítimo que, en nombre de una huelga, se bloquee el acceso, se impida físicamente a quienes quieren trabajar hacerlo o se cree un ambiente de coerción. Recuerdo haber escuchado descripciones de los años calientes del PREC (Período Revolucionario Continuado), donde la lucha sindical se confundía con la confrontación ideológica. Escuchamos historias de trabajadores a quienes se les impidió entrar a las fábricas o de presiones organizadas para una huelga total. Creíamos que estas prácticas habían quedado enterradas en el pasado, pero ciertas actitudes actuales demuestran que el PREC aún resurge, disfrazado de nuevas causas.

Más que nunca, este tipo de postura tiene consecuencias reales, y a menudo contradicen los objetivos que los propios delanteros defienden. Cuando una huelga va más allá del ámbito de las reivindicaciones legítimas y entra en el terreno de las perturbaciones generalizadas, dañando continuamente el funcionamiento de los servicios esenciales o la confianza de los clientes, se crea un entorno de inestabilidad que obliga a las organizaciones a repensar sus modelos operativos. La imprevisibilidad de sectores estratégicos, como el transporte, la salud o los servicios administrativos, conduce inevitablemente a la búsqueda de soluciones más fiables y menos vulnerables a las fluctuaciones laborales; y esta solución, en muchos casos, se llama automatización. Y muchos no entienden el cambio tecnológico que se avecina y el impacto que tendrá en las sociedades.

Para quienes dirigen empresas o gestionan servicios públicos, la presión por garantizar la continuidad de las operaciones y la previsibilidad para los ciudadanos y los consumidores hace que la inversión en tecnología, robótica e inteligencia artificial no sólo sea deseable, sino inevitable. Los sistemas automatizados no hacen huelga, no bloquean el acceso y no exigen negociaciones salariales. Lo que comienza como un acto de resistencia puede, irónicamente, actuar como catalizador para acelerar el alejamiento de la intervención humana en ciertos procesos. Así, los mismos trabajadores que pretenden preservar derechos terminan, involuntariamente, radicalizando posiciones, creando el escenario ideal para su reemplazo, vaciando el espacio de diálogo y debilitando su relevancia futura en las cadenas de valor.

Defender el derecho a huelga es proteger la democracia. Pero exigir el cumplimiento de deberes durante el ejercicio de este derecho es preservar su legitimidad y la cohesión social. La huelga no puede ser un instrumento de exclusión o de pura confrontación, sino de afirmación firme y respetuosa. No se trata de negar la protesta, sino de recordar que la libertad sólo se construye cuando se respeta la libertad de los demás.

Hoy más que nunca necesitamos una cultura del diálogo, de la responsabilidad y de la moderación. Porque sin ella, lo que empieza como un grito de justicia puede acabar acelerando una realidad donde no hay trabajadores protestando… porque ya no hay trabajadores.