La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. revoca silenciosamente las protecciones para mujeres embarazadas y bebés

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha rescindido silenciosamente varias políticas internas que fueron diseñadas para proteger a algunas de las personas más vulnerables bajo su custodia, incluidas mujeres embarazadas, bebés, ancianos y personas con afecciones médicas graves.

La decisión, descrita en un memorando fechado el 5 de mayo y firmado por el comisionado interino Pete Flores, elimina cuatro políticas de la era Biden promulgadas en los últimos tres años. Estas políticas buscaban abordar las persistentes deficiencias de la CBP para brindar atención adecuada a los detenidos con mayor riesgo, deficiencias que, en algunos casos, han resultado fatales.

El memorando del 5 de mayo se distribuyó internamente a los principales líderes de la agencia, pero no se anunció públicamente.

La CBP justificó la desmantelación afirmando en el memorando titulado Rescisión de políticas heredadas relacionadas con el cuidado y la custodia que las políticas eran “obsoletas” y “no estaban alineadas” con las prioridades de cumplimiento actuales de la agencia.

En conjunto, las políticas ahora derogadas establecieron normas para los detenidos con necesidades médicas más urgentes, exigiendo, por ejemplo, acceso a agua y alimentos para las embarazadas, garantizando la privacidad de las madres lactantes y exigiendo el almacenamiento de pañales y fórmulas lácteas vigentes en los centros de detención. También instruyeron a los agentes a procesar a las personas en riesgo lo más rápido posible para limitar el tiempo de detención.

“Es espantoso y no es más que una extensión de la cultura de crueldad que el gobierno intenta perpetuar”, afirma Sarah Mehta, subdirectora de asuntos gubernamentales de la División de Igualdad de la ACLU. Rescindir las políticas, añade, “es una declaración contundente sobre la forma en que este gobierno piensa y se preocupa por las personas con niños pequeños”.

CBP no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de WIRED.

La CBP, una de las agencias policiales más grandes del mundo, es la principal responsable de aprehender y detener a las personas que cruzan la frontera estadounidense sin autorización. Mientras que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) supervisa los procedimientos de detención y deportación a largo plazo, la CBP se encarga de las primeras etapas de la custodia, cuando los migrantes son retenidos y procesados ​​en centros de detención de corta estancia que han sido objeto de reiteradas críticas por la deficiente atención médica y el hacinamiento.

En enero, el Comité Judicial del Senado emitió un informe contundente que revelaba disfunciones en las operaciones médicas de la CBP. La investigación reveló una escasez crónica de personal, un uso indebido de los sistemas de historiales médicos y directrices imprecisas o inexistentes para el tratamiento de niños, mujeres embarazadas y otras personas con necesidades médicas complejas.

El informe surgió a raíz de la muerte de Anadith Danay Reyes Álvarez, de 8 años, quien falleció en mayo de 2023 en una instalación de la CBP en Harlingen, Texas. La niña panameña, con antecedentes conocidos de problemas cardíacos y anemia falciforme, supuestamente pidió ayuda junto con su madre. Ambas fueron ignoradas. Murió bajo custodia, pasando sus últimas horas en una instalación cuyo personal no estaba capacitado, y aparentemente no estaba dispuesto, para brindar cuidados críticos.

“La semana pasada, en cartas dirigidas a la administración Trump, expresé serias preocupaciones sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el trato humano a las personas detenidas, en particular a la luz de los repetidos informes de maltrato a detenidos y atención médica inadecuada”, declaró a WIRED el senador estadounidense Dick Durbin, presidente del Comité Judicial del Senado. “En lugar de tomar medidas para corregir el rumbo, la administración Trump anuló varias políticas internas destinadas a proteger a algunas de las personas más vulnerables bajo custodia de la CBP, como mujeres embarazadas, niños, ancianos y personas con afecciones médicas graves. Esto es inaceptable. Somos una nación de valores, y estos valores deben estar representados en la atención a las personas vulnerables bajo custodia de nuestro gobierno”.

Los cambios de política han definido las tácticas migratorias de la administración Trump, desde los intentos de revocar el estatus de 500,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que residen legalmente en Estados Unidos hasta la depuración de visas de estudiantes . En enero, un día después de la toma de posesión del presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional revocó una política de la era Biden que prohibía a los agentes de ICE y CBP arrestar a personas en "áreas protegidas", como escuelas, lugares de culto y hospitales.

A medida que el número de personas detenidas en centros de detención de ICE ha aumentado (llegando a aproximadamente 47.928 en abril, según el Transactional Records Access Clearinghouse), las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos han caído drásticamente, llegando a niveles no vistos en décadas .

La CBP afirma que su personal seguirá cumpliendo con los estándares más amplios de las Normas Nacionales de Transporte, Escolta, Detención y Registro (TEDS) y seguirá sujeto al Acuerdo Flores, que exige que los niños reciban alojamiento seguro e higiénico. La administración Trump ha argumentado previamente que el acuerdo original no exige que los niños puedan dormir o lavarse con jabón.