Narcotráfico: Consejo Constitucional censura seis artículos de la ley pero valida régimen de aislamiento

El jueves 12 de junio, el Consejo Constitucional censuró algunos artículos de la ley destinada a "liberar a Francia de la trampa del narcotráfico", pero validó, con una salvedad, el régimen carcelario de aislamiento previsto para los narcotraficantes más peligrosos.

Entre los seis artículos censurados total o parcialmente están la experimentación con el uso de inteligencia algorítmica contra el narcotráfico y el informe aparte, que permite ocultar cierta información a los abogados de los acusados.

Diputados de izquierda se habían puesto en contacto con el Consejo, quienes consideraban que muchos artículos de esta ley representaban "graves amenazas" para el Estado de derecho. Solicitaron, en particular, que censurara el artículo relativo a la ahora emblemática creación de unidades penitenciarias de alta seguridad para los traficantes más peligrosos. La ley prevé su asignación a estas unidades por decisión del Ministro de Justicia, bajo ciertas condiciones.

El régimen penitenciario correspondiente prevé, entre otras cosas, registros corporales completos supervisados ​​en caso de contacto sin la supervisión de un agente. Los miembros del Consejo Constitucional declararon constitucional este artículo, si bien expresaron reservas sobre la cuestión de los registros corporales completos.

Sólo deben llevarse a cabo cuando la vigilancia por parte de un funcionario de prisiones "se haya visto impedida por circunstancias particulares relacionadas con la vida privada de la persona detenida, la necesidad de preservar la confidencialidad de sus intercambios o dificultades excepcionales en la organización del servicio penitenciario", subrayó el Consejo.

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Este último también censuró parcialmente el artículo sobre el uso generalizado de videoconferencias para personas detenidas en estas unidades anticrimen organizado. Consideró que esto constituía una "vulneración excesiva del derecho a la defensa" de las personas en prisión preventiva.

Sobre la activación remota de un dispositivo electrónico para escuchas telefónicas, consideró que las disposiciones del artículo persiguen "los objetivos constitucionales de búsqueda de los autores de delitos y de prevención de alteraciones del orden público" y están "rodeadas de garantías suficientes para evitar una injerencia desproporcionada en el derecho al respeto a la vida privada" .