Aunque el presidente Petro defiende la intervención de la Nueva EPS, las cifras y expertos revelan que el Gobierno solo empeoró el problema

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse este viernes a la situación de la Nueva EPS, asegurando que la entidad está en proceso de recuperación y que la intervención estatal busca proteger a los usuarios. Sin embargo, la realidad que describen las cifras oficiales, los reportes de la Superintendencia Nacional de Salud, las quejas de los usuarios y las advertencias de expertos muestra un escenario radicalmente distinto: lejos de mejorar, la aseguradora más grande del país atraviesa su peor momento.

La contradicción es evidente. Desde el 3 de abril de 2024, cuando el Gobierno ordenó la intervención administrativa de la Nueva EPS —con más de 11 millones de afiliados—, la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha deteriorado en múltiples frentes.

Petro recordó que entre 1994 y 2022 se expidieron múltiples decretos —entre ellos los 995, 1492 y 1606— que, según dijo, flexibilizaron los requisitos financieros de las EPS y abrieron la puerta a prácticas irregulares. “Esa política permitió el desvío de recursos y la liquidación de 130 EPS, que dejaron deudas con hospitales, clínicas y trabajadores de la salud”, afirmó.

En el caso específico de la Nueva EPS, Petro fue aún más contundente. Señaló que la entidad maquilló sus cuentas en 2023 para evitar ser intervenida. Según su denuncia, reportó un activo de 6,8 billones y un pasivo de 6,6 billones, lo que arrojaba un patrimonio positivo de 143 mil millones. Pero en realidad —afirmó— la aseguradora estaba quebrada: debía más de 5 billones de pesos a hospitales y tenía deudas ocultas que ascendían a 11,7 billones.

“Lo que se hizo fue presentar unas cifras maquilladas para mostrar solvencia cuando la EPS ya estaba en una situación crítica. Lo que descubrimos fue un engaño a la ciudadanía y al sistema de salud”, subrayó el mandatario.

Aunque las denuncias de Petro apuntan a un problema conocido, que requería de medidas para solucionarlo, la intervención estatal de la Nueva EPS no ha logrado corregirlo. Desde que la Superintendencia Nacional de Salud asumió el control el 3 de abril de 2024, la entidad no ha presentado estados financieros certificados ni de 2023 ni de 2024.

El contralor delegado para el sector salud, Julián Niño, lo explicó recientemente en entrevista con EL TIEMPO: “Hoy la EPS no tiene estados financieros ni de 2023 ni de 2024. Intentar aproximarse a la realidad financiera sin esa información certificada es muy complicado”. Es decir, el mismo déficit de información que Petro denuncia respecto al pasado persiste durante su propio Gobierno.

La Federación Colombiana de Enfermedades Huérfanas también cuestionó las palabras del presidente. Mientras Petro habló de desvío de medicamentos e insumos hacia importadores privados, el informe de la Contraloría no evidenció tal situación. Lo que sí documentó fueron irregularidades administrativas y financieras, en su mayoría ocurridas durante la intervención estatal.

El académico Luis Jorge Hernández, de la Universidad de los Andes, agrega otro ángulo: el deterioro en la experiencia de los usuarios. Entre enero y julio de 2025 se radicaron 295.390 reclamos contra la Nueva EPS, lo que ratifica que la aseguradora no solo lidera el ranking nacional de quejas, sino que además registra una de las tasas más altas de reapertura de reclamos. “Eso refleja insatisfacción y problemas graves en la prestación de servicios”, señala Hernández.

La consecuencia más tangible de la crisis son las deudas con hospitales y clínicas. Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la cartera de la Nueva EPS ya supera los 5 billones de pesos, con un crecimiento de 800.000 millones en apenas seis meses y un deterioro de 5,5 puntos en la morosidad.

Los efectos se sienten en regiones como Caldas, Quindío, Risaralda, Meta y Antioquia, donde clínicas y hospitales han cerrado servicios, suspendido contratos o bloqueado la atención a pacientes por falta de pago. “Hoy ya no es un riesgo, es una realidad”, advirtió Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC.

El discurso del presidente Petro apunta a señalar responsables históricos de la crisis de las EPS y a denunciar maniobras contables recientes en la Nueva EPS. Sin embargo, los hechos revelan que la intervención estatal no ha corregido la opacidad ni ha estabilizado a la aseguradora. Los usuarios presentan más quejas, las clínicas acumulan deudas y la información financiera sigue sin estar disponible.

Como lo resume el exministro de Salud, Augusto Galán, el panorama es incierto: “Recuperar eso sin estabilidad administrativa, sin gobierno corporativo, sin una cultura organizacional sólida (…) pone mucha duda cuál va a ser el futuro y la recuperación posible de esa Nueva EPS”.

Periodista de Medioambiente y Salud