Opinión | Implementando el cambio: desafíos y oportunidades del Acuerdo de Escazú en Colombia

La ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia es un acontecimiento trascendental, sin embargo, su verdadero impacto dependerá de su implementación efectiva. El verdadero trabajo comienza ahora, transformando los pilares del Acuerdo en acciones y políticas tangibles, donde se requerirá un enfoque multifacético que involucre a diversas agencias gubernamentales, la sociedad civil y, potencialmente, apoyo internacional. El Acuerdo de Escazú aborda varios aspectos de la gobernanza ambiental, los derechos humanos, el acceso a la información, a la participación y el rol de los defensores ambientales.

Un mayor acceso a la información permitirá mejorar la supervisión de las decisiones y acciones ambientales, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas. Los mecanismos de participación pública pueden conducir a políticas y proyectos ambientales más informados y sostenibles. Se creará un entorno más seguro para quienes trabajan en la protección del medio ambiente y los derechos humanos, mejorando la protección de los defensores ambientales. El Acuerdo también alinea las políticas ambientales de Colombia con las mejores prácticas y compromisos internacionales. Además, existe el potencial de acceder a apoyo y recursos internacionales para la implementación.

Garantizar el acceso a la información ambiental a comunidades remotas y marginadas de manera culturalmente apropiada representa un reto significativo. Fomentar una participación pública significativa, superando las barreras existentes y asegurando que las voces de todos los interesados, especialmente los grupos vulnerables, sean escuchadas y consideradas, también será crucial. Fortalecer los mecanismos de justicia ambiental, asegurando un acceso efectivo a recursos judiciales y administrativos para las reclamaciones ambientales, es otro desafío importante. Además, la protección efectiva de los defensores ambientales, que garantice un entorno propicio y seguro. Algunas medidas para prevenir ataques y garantizar la rendición de cuentas por la violencia contra ellos son: reforma del marco jurídico, institucional y administrativo, lucha contra la impunidad y acceso a la justicia, creación de un fondo de emergencia para atención de defensores amenazados, políticas y mecanismos de protección y apoyo público.

Equilibrar la protección ambiental con el desarrollo económico y los proyectos de infraestructura podría generar conflictos, su implementación deberá sortear complejas realidades socioeconómicas y la posible resistencia de sectores que puedan percibir el Acuerdo como un obstáculo para sus intereses. El equilibrio entre la protección ambiental y las actividades económicas será un desafío clave.

A pesar de estos desafíos, el Acuerdo de Escazú presenta importantes oportunidades para una gobernanza ambiental fortalecida al servir como catalizador para fortalecer las instituciones democráticas y promover un enfoque más inclusivo y participativo de la gobernanza ambiental en Colombia. Al consagrar los derechos de acceso, el Acuerdo empodera a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil para que se involucren de manera más efectiva en los asuntos ambientales, lo que puede conducir a una toma de decisiones mejor informada, una mayor rendición de cuentas y, en última instancia, resultados ambientales más sostenibles.

Para lograr una implementación exitosa, se requiere una fuerte voluntad política y un compromiso sostenido de los más altos niveles de gobierno. Es fundamental asignar recursos adecuados, tanto financieros como humanos, para este propósito. La creación de una Comisión Interinstitucional es un primer paso positivo. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñarán un papel crucial en el seguimiento de la implementación, la defensa de los derechos de los defensores ambientales y la sensibilización del público. La "Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia" es un actor clave en este sentido. Los socios internacionales, como la CEPAL, pueden proporcionar asistencia técnica, orientación y apoyo financiero para la implementación a través de la guía de implementación.

Los procesos deben ser inclusivos y participativos, involucrando a todos los actores relevantes, incluidos los pueblos indígenas y las poblaciones locales. También es necesario desarrollar capacidades y sensibilizar al público y a los funcionarios relevantes sobre los derechos y obligaciones que establece el Acuerdo. De igual forma, se deben establecer mecanismos sólidos de seguimiento y evaluación para rastrear el progreso e identificar áreas de mejora. Una estrategia de implementación exitosa debe ser integral, abordando tanto los aspectos legales como prácticos para garantizar los derechos de acceso y proteger a los defensores ambientales.

En conclusión, es crucial aprovechar esta oportunidad para avanzar en la protección ambiental y los derechos humanos en Colombia a través de la implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú. Este es un esfuerzo a largo plazo que requiere un compromiso sostenido y la colaboración de todos los interesados para que se convierta en una realidad.