Ministerio de Educación abrió investigación sancionatoria en la Universidad del Atlántico tras polémica por elección del rector

El Ministerio de Educación Nacional anunció la apertura de un proceso sancionatorio contra la Universidad del Atlántico. La decisión se da, explica la cartera, tras recibir múltiples denuncias sobre presuntas irregularidades en la elección del rector.

La medida se adopta en el marco de las facultades constitucionales de inspección y vigilancia. Así mismo, el ministerio señaló que se respetará la autonomía universitaria durante el proceso, y que con el mismo lo que busca es “transparencia y legitimidad en las decisiones institucionales”.

“He trasladado al grupo sancionatorio de la Subdirección de Inspección y Vigilancia las denuncias recibidas sobre el proceso de elección del rector. De ese proceso nos hemos retirado tanto el delegado del Ministerio en la Junta Directiva de la Universidad como los consejeros y yo mismo”, afirmó el ministro Daniel Rojas Medellín, quien confirmó que se solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para atender las solicitudes de la comunidad universitaria.

El Ministerio también hizo un llamado urgente al cese de la violencia y al respeto por la vida y la integridad de los estudiantes y profesores.

“Pedimos que sea el diálogo la vía para resolver la situación. La fuerza pública no puede ser el camino frente a una comunidad que exige ser escuchada”, enfatizó el Ministro.

De manera paralela, la cartera educativa anunció la creación de un grupo de alto nivel, liderado directamente desde el Despacho del Ministro, que tendrá la tarea de analizar y dar respuesta inmediata al pliego de peticiones de los estudiantes y manifestantes.

“El compromiso del Ministerio es claro: velar porque la Universidad del Atlántico siga siendo un centro del saber, libre de intereses particulares, donde prime el derecho a una educación pública y de calidad”, agregó Rojas Medellín.

La Universidad del Atlántico entró oficialmente en paro indefinido este jueves, tras la decisión adoptada por una asamblea multiestamentaria que reunió a representantes estudiantiles, docentes y trabajadores. La medida fue respaldada por siete de las diez facultades, además de que las tres restantes no se manifestaron propiamente en contra pues quedaron como ‘asamblea permanente’, lo que quiere decir que le darán prioridad a los diálogos convocados por la protesta.

Esta decisión marca un nuevo capítulo en lo que ya puede considerarse una crisis institucional para el alma mater. Desde la controvertida elección de Leyton Barrios como rector hace tan sólo pocos días, sólo ha recibido rechazos y protestas como bienvenida.

La asamblea, realizada en el campus norte de la universidad, definió no solo el cese total de actividades académicas, sino también una serie de acciones de presión que comenzaron a ejecutarse desde la tarde de este mismo jueves. Entre ellas, la toma simbólica de la sede administrativa, ubicada en el bloque de rectoría, y el anuncio de una marcha de antorchas que se llevó a cabo este viernes 31 de octubre.

La toma de la rectoría no se dio del todo de forma pacífica. Fuentes de esta casa editorial reportaron desmanes, peleas y enfrentamientos que, desde ayer, se vienen protagonizando por estudiantes contrariados en sus posiciones ideológicas. Además, algunos estudiantes han manifestado su inconformidad por el paro; no porque apoyen a Barrios, sino porque alegan que “sólo faltan dos semanas para el cierre de la actividad académica y esto sólo los atrasa”.

Los estudiantes instalaron carteles, cerraron el acceso al edificio y declararon que no permitirán el ingreso de funcionarios mientras no se atiendan sus exigencias. Dichas exigencias son la renuncia inmediata de Leyton Barrios (rector elegido) y de Angelly Díaz Cordero, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario (CSU), a quien acusan de haber avalado el proceso sin consultar a las bases.

El Ministerio de Educación ha mantenido su postura crítica frente a la elección de Barrios y ha advertido que podría tomar medidas de control y vigilancia sobre el proceso. También se han anunciado posibles sanciones disciplinarias contra los consejeros que participaron en la votación, por presunto desacato a las órdenes de suspensión.