Las dudas que genera una licitación para la provisión de servicios de conectividad digital para seguridad

Sobre el fin de esta semana, Mendoza Fiduciaria SA realizó la adjudicación de una licitación cuyo objeto es la contratación de servicios de conectividad para las cámaras de videovigilancia hacia los Centros de Monitoreo (CM), la conectividad entre los Centros de Monitoreo y los Centros Integrales de Gestión y Monitoreo del CEO principal, Zona Sur y Zona Valle de Uco.

La licitación incluye también la provisión de materiales y repuestos necesarios para el mantenimiento de toda la infraestructura de red utilizada para el sistema de videovigilancia de la Provincia de Mendoza.

Esta licitación se enmarca en el amplio plan del Gobierno de Mendoza por incorporar tecnología e infraestructura en departamentos de la provincia, para el combate del delito a partir del uso de cámaras de videovigilancia que requieren servicios de conectividad digital para ser integradas al sistema de control provincial.

Según fuentes a las que pudo acceder Los Andes, existe preocupación sobre las capacidades técnicas y económicas de la empresa WAYCOM SA, ganadora de la licitación ya que esta -a pesar de no contar con los recursos, experiencia y capacidad técnica necesaria para afrontar los requerimientos del pliego- fue elegida adjudicataria.

Del proceso licitatorio participaron también Arlink SA, FOPTIK (del grupo Telecom) y CTC SA, empresas con años de trabajo, respaldo financiero y amplios conocimientos para la provisión de servicios de conectividad, infraestructura en redes y comunicaciones digitales.

Las dudas sobre la razonabilidad de esta adjudicación se sustenta en la oferta económica presentada por WAYCOM SA, la cual ha sido formulada sobre valores llamativamente bajos que no alcanzarían para cubrir los costos mínimos para la prestación del servicio, más aún cuando esta empresa no posee -entre otros aspectos- de una red propia de fibra óptica, y requiere de terceros para lograr capacidad operativa.

Este punto genera serios interrogantes sobre cómo se podrá llevar adelante una obra valuada en cientos de miles de dólares, en un plazo de ejecución que no supera los 60 días, sin comprometer la integridad en la prestación de un servicio crítico y sensible a las políticas de lucha contra el delito y la inseguridad.

Si bien es cierto que el licitante tiene la potestad de aplicar sanciones por incumplimientos, estas no reparan los daños ni perjuicios a los contribuyentes, beneficiarios de los servicios que no son prestados en tiempo y forma, tal como se estableció en los pliegos.

Las fuentes consultadas mencionaron a Los Andes que no es la primera vez que, en materia de conectividad digital, se adjudican prestaciones a empresas que no tienen capacidades ni experiencia, que terminan siendo sancionadas y reemplazadas por otras que pueden prestar esos servicios, pero sus ofertas llamativamente no fueron consideradas en la licitación inicial.