La huella documental insólita de más de 300 fusilados por el franquismo

Antonia Molla era una mujer de 61 años, analfabeta, casada con Francisco Durá, con quien tenía cuatro hijos y residente en Castalla, un municipio de montaña situado a unos 30 kilómetros de Alicante. El 16 de diciembre de 1941 ingresó en la sección de mujeres del Reformatorio de Adultos de Alicante, la cárcel en la que fue encerrado también el poeta Miguel Hernández, procedente de la Prisión de Mujeres de Monóvar, otra localidad alicantina. En su expediente penitenciario consta que se ignoran sus antecedentes y que es la primera vez que está entre rejas. También se puede observar la cruz con la que se señalan los documentos relativos a los fusilados durante la Guerra Civil y el franquismo. El dosier de Antonia es uno de los 302 que han aparecido en dos legajos de los fondos de Instituciones Penitenciarias que custodia el Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA). Todos murieron frente al pelotón: Antonia lo hizo el 21 de julio de 1942.

“Es insólito que aparezcan dos legajos enteros dedicados en exclusiva a fusilados”, asegura María del Olmo, directora del AHPA. La ley de Memoria Histórica de 2007 allanó el camino para que llegara a sus instalaciones en tres tandas toda la documentación procedente de la dirección general de Instituciones Penitenciarias, con fondos de expedientes datados entre 1934 y los años sesenta. “Hasta ahora”, continúa Del Olmo, “hemos descrito unos 37.000 expedientes y nos quedan otros 10.000″, y los prisioneros ajusticiados “iban apareciendo entre los presos” que no fueron condenados a la pena de muerte. Sin embargo, los legajos 15.934 y 15.937 han resultado especialmente siniestros. Contienen las fichas de 187 y 115 reclusos, respectivamente, entre ellos cinco mujeres en total. “Y sobrecoge ver que en todos ellos aparece la cruz de los fusilados”, lamenta la historiadora.

Todos los expedientes pertenecen al Reformatorio de Adultos de Alicante, cuyo edificio aloja actualmente los juzgados de la ciudad, hasta que culminen las obras de la Ciudad de la Justicia, que se situará justo enfrente. Allí fue encerrado Miguel Hernández en junio de 1941, unos meses antes que Antonia Molla, hasta su muerte por enfermedad el 28 de marzo de 1942. Las fichas de sus compañeros de reclusión reflejan la actividad del pelotón de fusilamiento entre junio de 1939 y el año 1945, mucho después del fin de la contienda. Entre los catalogados, “hay bastantes militares”, como el teniente Roberto García, un alcoyano de 34 años en el momento de su detención que fue procesado en el juzgado militar especial de jefes y oficiales el 26 de mayo de 1939. En la documentación de García, casado y con un hijo, aparece también la cruz azul sobre un texto que indica que está “cumplida [la] sentencia de muerte”.

El grueso de los enviados al paredón son, sin embargo, “personas de bajas clases sociales, obreros manuales, artesanos, sogueros o carpinteros”, señala Del Olmo, que padecían peores condiciones económicas y lo tuvieron mucho más difícil a la hora de huir al exilio. Como Manuel Carrillo, un pescador vecino de Dénia que fue detenido cuando tenía 32 años por la Guardia Civil y entregado a la prisión de Alcoy en noviembre de 1940, tras ser sentenciado por un juzgado militar de su ciudad natal. Tras su traslado a la prisión alicantina, la portada de su expediente está marcada con la cruz de los fusilados.

El ejército sublevado en 1936 va arrinconando a la República hasta el último parte, del 1 de abril de 1939, en el que Franco proclama que la guerra ha terminado. El puerto de Alicante se convierte en el último reducto de los adeptos a la República, que tratan de escapar por vía marítima hacia el exilio. “Como la guerra acaba aquí”, señala Del Olmo, “la cantidad de detenciones realizadas es muy numerosa, inmensa con respecto al de otras provincias”. En su descripción de los expedientes para su inserción en la base de datos de los archivos de la Generalitat Valenciana (Savex), ponen a disposición de los interesados una información que hasta ahora no estaba accesible para su consulta.

La documentación transferida desde Instituciones Penitenciarias traza también un mapa de los campos de concentración y centros penitenciarios que salpicaron la provincia de Alicante durante la Guerra Civil y tras su finalización. El AHPA ha podido documentar, por ejemplo, el uso de las dos fortalezas de Alicante, el Castillo de Santa Bárbara y el de San Fernando, como campos de concentración durante los primeros meses del régimen franquista. Curiosamente, el único que no aparece es el más célebre, el Campo de los Almendros, al que se condujo a los apresados en el puerto durante los últimos coletazos del Gobierno legítimo. “Apenas duró unos días”, explica la directora del archivo dependiente de la Generalitat valenciana, “y no ha quedado constancia escrita” de su actividad penitenciaria.