Ghana expulsa a las empresas extranjeras de su mercado de oro para combatir la minería ilegal y aumentar sus ingresos

El nuevo Gobierno de Ghana ha aprobado una ley por la que prohíbe a ciudadanos y empresas extranjeras participar en su mercado de oro. La norma pretende, por un lado, combatir las desastrosas consecuencias económicas, sanitarias y medioambientales de la minería artesanal, que se ha multiplicado en los últimos años sobre todo por la presencia de operadores chinos, y, por otro, aumentar los ingresos del Estado procedentes de esta actividad para generar desarrollo económico. Ghana es el primer productor de oro de África y el sexto del mundo, pero los beneficios que obtiene en forma de impuestos son mínimos. A partir de ahora, toda la actividad estará controlada por la empresa pública Junta de Oro de Ghana (Goldbod), lo que implica una transformación radical de toda la industria. Aunque las empresas tenían plazo hasta este 30 de abril para renovar sus licencias bajo el marco de la nueva ley, Goldbold ha ampliado la fecha límite hasta el próximo 21 de mayo.

Esta ley es la primera gran medida adoptada por el nuevo presidente de Ghana, John Dramani Mahama, quien ganó las elecciones del pasado 7 de diciembre en una nueva alternancia pacífica de la sólida democracia ghanesa. El problema del oro, tanto sus aspectos sociales y ambientales como económicos, ha generado un enorme malestar desde hace años y se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña. El propio Mahama y su partido, el Congreso Nacional Democrático, se comprometieron a introducir profundas reformas en esta industria y tanto la creación de Goldbod, a principios de abril, como esta nueva ley son el resultado de dichas promesas electorales.

Ghana es el primer productor de oro de África y el sexto del mundo, pero los beneficios que obtiene en forma de impuestos son mínimos.

Según un comunicado de la propia empresa pública, esta se convierte en “el único comprador, vendedor, tasador y exportador de todo el oro producido por el sector de la minería artesanal y en pequeña escala con licencia”, un mercado que ha estado dominado en los últimos años por compañías chinas. Asimismo, cualquier persona o entidad que compre oro debe hacerlo en la moneda local, el cedi, por un precio aprobado por el banco central ghanés y a través siempre de Goldbod. Para las pequeñas explotaciones, solo se concederá licencia a empresas ghanesas o que al menos el 51% de la propiedad sea nacional.

Aunque la ley tendrá mayor impacto en la minería artesanal, conocida en el país como galamsey, las condiciones también cambian para la gran industria: toda la actividad será supervisada por Goldbod, que establecerá normas sobre la calidad, pureza y peso del oro exportado, concederá licencias a refinerías y transportistas, velará para que las actividades sean ambientalmente sostenibles y combatirá el contrabando. No se trata de una nacionalización de la industria del oro en el sentido clásico de hacerse con la propiedad de las minas, pero sí es una drástica medida para ejercer un mayor control sobre esta actividad.

La extracción de oro es el principal sector económico de Ghana. Prácticamente la mitad de los ingresos generados por sus exportaciones proceden de este mineral, según las cifras facilitadas por el propio Gobierno, y la industria emplea a cientos de miles de trabajadores. Sin embargo, el problema es la minería sin control o ilegal: miles de personas salieron el año pasado para protestar contra esta práctica, que representa el 40% de la producción de oro y cuyos beneficios para el Estado son mínimos. Al mismo tiempo, los perjuicios de la minería sin regulación son muy evidentes en forma de contaminación del agua y la tierra por los minerales pesados, como el mercurio, el cianuro o el plomo, usados para separar el mineral, que también tienen un impacto negativo sobre la salud de las comunidades.

No se trata de una nacionalización de la industria del oro en el sentido clásico de hacerse con la propiedad de las minas, pero sí es una drástica medida para ejercer un mayor control sobre esta actividad.

En la propia exposición de motivos de la ley se reconoce que la minería artesanal está fuera de control. Hasta ahora había 61 exportadores autorizados en todo el país que estaban obligados a repatriar el 81% de sus ingresos dentro de los 30 días siguientes a la exportación, pero la mayoría incumplían esta prerrogativa y el dinero acababa fuera del país. “La naturaleza fragmentada del sector minero en pequeña escala ha contribuido a cuestiones como la obtención irresponsable y la falta de transparencia”, asegura la propia ley aprobada por el Gobierno. A partir de ahora habrá auditorías aleatorias, despliegue de inspectores en puntos fronterizos y terminales de exportación, vigilancia con drones para detectar movimiento ilegal de oro y un incremento de los agentes para la confiscación de mineral indocumentado.

Pero toda esta nueva regulación presenta enormes desafíos. En primer lugar, una sola empresa pública, en este caso Goldbod, asume competencias exclusivas que le convierten en juez y parte del negocio de la minería. En este sentido, debe investigar y vigilar con facultades policiales al mismo tiempo que promover prácticas responsables, todo ello a la vez que ostenta el rol de entidad comercial como único comprador de oro de la minería artesanal y significativo para las operaciones a gran escala y, por último, banquero que financia a las pequeñas empresas y compañía que puede formar parte de explotaciones conjuntas. La sombra de una dependencia política que podría responder a intereses particulares planeará sobre un ente con tanto poder.

Otro de los retos más llamativos será el propio coste de Goldbod. De momento, buena parte de los trabajadores de la Compañía de Marketing de Minerales Preciosos, anterior responsable de la regulación de la industria, pasarán de forma automática a la nueva entidad. Pero esto no es suficiente. La nueva ley establece que la compañía deberá funcionar con fondos aprobados por el Parlamento, pero también procedentes de mercados financieros, del Banco Central de Ghana, de inversores privados, sanciones, préstamos y donaciones. Una entrada de fondos públicos y privados tan diversa podría generar controversia y dudas de posible corrupción y favoritismos si, como es de prever, empresas extractivas ceden una parte de sus ingresos a la financiación de Goldbod.

El Gobierno ha mostrado cierta flexibilidad y ha decidido dar tiempo a las empresas para adaptarse a la nueva norma. “Dimos a todos los titulares de licencias de minas un ultimátum que se libra este 30 de abril, para solicitar nuevas licencias bajo la Ley de la Junta de Oro de Ghana”, dijo el pasado jueves en rueda de prensa Sammy Gyamfi, director ejecutivo interino de GoldBod, “pero sabemos que la mayoría de ustedes no han podido aplicar en absoluto. También podemos ver en nuestra web que algunos han iniciado el proceso de aplicación, pero aún no han completado la solicitud (…) por lo que hemos decidido ampliar el plazo hasta el 21 de mayo. Creemos que esto es lo justo”. A partir de esa fecha, todas las licencias anteriores quedan anuladas.

Respecto a la gran industria, Goldbod también está tomando medidas. Esta misma semana, la compañía firmó un acuerdo con nueve grandes empresas para comprar el 20% de su producción de oro al amparo de la nueva ley, un mineral que antes salía del país y que ahora pasará a formar parte de las reservas del Banco Central y contribuirá a estabilizar el cedi. “Este acuerdo representa un paso importante hacia la optimización de los beneficios nacionales derivados de los recursos auríferos de Ghana”, aseguró la compañía pública mediante un comunicado. El aumento de los precios del oro, que este año ha alcanzado el 29% por la incertidumbre generada por los aranceles aprobados por Estados Unidos, ha disparado el valor de este metal precioso. Y Ghana, sumida en una crisis de deuda e inflacionaria tras la crisis generada por la pandemia de covid-19, mueve sus peones para aprovechar su principal tesoro.