37 países se plantan contra los planes de Trump de autorizar la minería submarina en aguas internacionales

António Guterres, secretario general de la ONU, ha empleado la misma metáfora para poner el foco sobre un incipiente problema ambiental en un par de ocasiones durante sus intervenciones públicas en la conferencia sobre la protección del océano que se cierra este viernes en Niza, al sureste de Francia. “Los fondos marinos no pueden convertirse en un salvaje Oeste”, dijo el lunes durante la apertura de la reunión. Lo repitió al día siguiente en una conferencia de prensa para describir lo que ocurre en las aguas internacionales, esas que no están dentro de la jurisdicción de ningún país.

Guterres menciona el salvaje Oeste al referirse a la minería submarina en aguas internacionales. Porque cuando se aborda la protección medioambiental en la alta mar, de lo que se habla en muchas ocasiones es de un territorio sin ley. Y al frente de la principal potencia del mundo está ahora un líder con maneras de cuatrero: Donald Trump. Pero, en vez de quedarse con el ganado ajeno, pretende apoderarse de unos recursos que son de todos.

A finales de abril, el republicano firmó una orden en la Casa Blanca con la que no dejaba dudas de su actitud: abogaba por impulsar la minería en las aguas internacionales, las que no son de nadie y son de todos. Pocos días después, una empresa presentó la primera solicitud para emplear esta técnica, que de momento no está muy extendida pero cuyos potenciales impactos medioambientales tienen en guardia a muchos.

De hecho, el paso dado por Trump ha encendido las alarmas aún más entre los grupos ecologistas, los científicos y muchos países, que han mostrado estos días abiertamente su preocupación en la cumbre de Niza. “Es esencial una moratoria a la minería en aguas profundas”, ha sostenido durante la cumbre, y frente a los planes de Trump, António Costa, presidente del Consejo Europeo, el órgano que representa a los 27 Gobiernos de la UE. “Es una locura iniciar una carrera económica depredadora en el fondo del mar. La moratoria es una necesidad internacional”, añadió por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron. En la misma línea, el español Pedro Sánchez, defendió también desde Niza “la aplicación de una pausa precautoria hasta que exista un código que regule la minería submarina”.

La Coalición para la Conservación de las Profundidades Marinas (DSCC, sus siglas en inglés), de la que forman parte más de 130 ONG, asociaciones de pescadores y gabinetes jurídicos, tiene contabilizados 37 países que abogan ya por una moratoria que frene la explotación de esos recursos mineros en las profundidades, o por el veto definitivo. En ese listado figuran, por ejemplo, Francia, Alemania, España, el Reino Unido, Austria y Portugal, y también otras importantes naciones americanas como Brasil, Chile y Canadá. Además, en la declaración final de cierre de la cumbre que se está negociando en Niza se aboga por “la necesidad de ampliar el conocimiento científico sobre los ecosistemas de aguas profundas” y por “la importancia de un enfoque precautorio, también para la minería en aguas profundas”.

La orden de Trump que abre la puerta a esta actividad ha llegado mientras los países del mundo tratan de establecer unas reglas básicas sobre cómo se deberían explotar esos recursos, si es que se tienen que extraer, y cómo se tendrían que repartir los beneficios. Porque los diferentes tratados y convenciones de la ONU establecen desde hace décadas que los fondos marinos y sus recursos de las aguas internacionales son “patrimonio común de la Humanidad, cuya exploración y explotación se realizarán en beneficio de toda la Humanidad”.

Ese reglamento se está negociando en la llamada Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. “Creo que es extremadamente importante no tener ningún tipo de iniciativa que vaya más allá de lo que establezca la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos”, recalcó esta semana Guterres cuando se le preguntó por la minería submarina y el salvaje Oeste.

“La minería de aguas profundas es una actividad industrial altamente destructiva cuyos impactos ambientales completos aún no se comprenden totalmente”, advierte la vicepresidenta de la ONG Oceana en Europa, Vera Coelho. “Al mismo tiempo, los ecosistemas de aguas profundas son increíblemente vulnerables y poco conocidos. La gran mayoría de las profundidades marinas nunca han sido observadas, y mucho menos estudiadas”, añade esta experta. “Por lo tanto, permitir que una actividad destructiva como la minería en aguas profundas ocurra en un entorno tan frágil y desconocido sería profundamente irresponsable”, opina Coelho.

“Conocemos más de la superficie de Marte que de los fondos marinos, por eso abogamos por la exploración y no por la explotación”, resume Rémi Parmentier, un veterano defensor del océano y director de la consultora ambiental Grupo Varda. Parmentier cree que, paradójicamente, el paso dado por Trump podría suponer un tiro en el pie del presidente norteamericano. Porque, de consumarse su acción “unilateral”, podría poner en marcha la maquinaria de los tribunales internacionales en su contra. Además, esa orden puede ayudar a la movilización de más países en contra de la minería en los fondos marinos.

“Cada vez son más los Estados que expresan su profunda preocupación por la necesidad de más ciencia y comprensión de los fondos marinos y de los beneficios que proporciona. De lo contrario, corremos el riesgo de destruir y perder lo que no conocemos”, afirma por su parte Travis Aten, portavoz de la coalición DSCC. “Las profundidades marinas internacionales son patrimonio común de la humanidad designado a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, lo que significa que ningún país tiene autoridad para explotarlas”, añade Aten, quien recuerda que hace tres años, en la anterior cumbre de los océanos en Lisboa, ningún país apoyaba la moratoria, frente a los 37 que tienen contabilizados en estos momentos.

Si el apoyo a la moratoria para la minería en los fondos marinos ha desencadenado el aplauso de ecologistas y científicos, no ha ocurrido lo mismo con la pesca de arrastre, que los activistas critican por sus efectos sobre la biodiversidad.

Se esperaba que Francia pudiera anunciar un veto global a estas técnicas en las áreas marinas protegidas, algo que finalmente no ha ocurrido. Las organizaciones ecologistas Oceana y BLOOM han mostrado su decepción con el Ejecutivo francés, anfitrión de la cita. Del mismo modo, España ha sido también criticada por su falta de medidas para vetar esta técnica de pesca tan dañina. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el miércoles dictó precisamente una sentencia en la que respaldaba el reglamento de pesca de aguas profundas de la UE, que incluye restricciones a la pesca de arrastre.

Ese reglamento había sido recurrido por varios colectivos de pescadores y por el Gobierno español. Desde Niza también el ministro de Agricultura, Luis Planas, consideró que es un “grave error el demonizar una práctica pesquera per se”, en referencia a la pesca de arrastre. Tatiana Nuño, de la organización Seas At Risk, critica las palabras de Planas por ir contra la ciencia. También, que haya “demostrado que su lealtad reside en la flota industrial de arrastre de fondo, y no en los pescadores de bajo impacto” y “las comunidades costeras”.